El gobierno catalán aprobó en septiembre del 2020 una ley para regular el precio de los alquileres saltándose la opinión en contra del Consejo de Garantías Estatutarias del parlamento catalán. Los propios abogados de gobierno catalán avisaron de que solo el Parlamento Español tiene competencias para regular los precios del alquiler y que por lo tanto esta ley sería abolida en caso de que fuera recurrida al Tribunal Constitucional. A principios de año el Partido Popular presentó el recurso y ahora el Gobierno socialista también la va a recurrir alegando una invasión de competencias.
Esta ley ha producido unos efectos muy negativos para el sector creando una gran inseguridad entre los propietarios y los inversores. Tras nueve meses de vida de esta ley en Barcelona y otras 60 ciudades no está obteniendo los resultados deseados.
La inversión en viviendas de alquiler ha caído fuertemente
La inseguridad entre los inversores generada por esta intervención del Gobierno catalán en el mercado ha paralizado muchas decisiones de inversión y lo que es peor ha desviado muchas inversiones, que principalmente se han ido a Madrid. El dinero no es amigo de políticas intervencionistas.
La oferta de viviendas en alquiler se derrumba
Al caer la rentabilidad de las inversiones de viviendas en alquiler, una gran parte de los propietarios ha decidido sacar sus viviendas del mercado, a la espera de que los recursos presentados paralicen la Ley y otros muchos han puesto sus viviendas a la venta. Por otro lado, muchos proyectos de buid-to-rent se han paralizado igualmente.
La demanda se dispara
La ley ha provocado un efecto-llamada de la demanda de vivienda en alquiler, con un crecimiento del 25%, este efecto tensiona aún más la oferta lo que provoca tensiones de los precios, es decir justo el efecto contrario al buscado.
Baja el mantenimiento de las viviendas
La regulación de precios ha paralizado muchas inversiones que se destinaban al mantenimiento de las viviendas, si el precio está regulado no tiene mucho sentido invertir en mejorar el estado de los inmuebles, ya que no se puede repercutir en un precio mayor.
En definitiva, tras nueve meses de la aprobación de la ley los resultados son caídas de la oferta, paralización de la inversión y envejecimiento del parque de viviendas.
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