Tras ocho meses de debates entre el PSOE y su socio mayoritario de gobierno, Unidas Podemos, se ha llegado a un acuerdo y el pasado 26 de octubre se aprobó en el Consejo de Ministros esta controvertida ley. El objetivo es limitar las subidas de precios de los alquileres en las zonas tensionadas. El gran escollo ha sido la limitación de precios de los alquileres. El PSOE no era partidario de limitar los precios y para Unidas Podemos se trataba de una condición acordada en el acuerdo de gobierno pactado entre Sánchez e Iglesias. Al final han encontrado una solución intermedia, la nueva normativa permitirá limitar los precios de los alquileres de los grandes propietarios, aquellos que tengan más de 10 viviendas, ya sean personas jurídicas o físicas, y estará sujeta a la voluntad de cada autonomía, ya que las competencias en la materia se encuentran transferidas.
Puntos clave de la Ley
- Alquileres púbicos en las nuevas promociones de vivienda
Las promociones de obra nueva deberán reservar un 30% de las viviendas al parque público destinando la mitad de ellas al alquiler social
- Ventajas fiscales para los pequeños propietarios en el caso de que rebajen el precio del alquiler
Los pequeños propietarios, es decir aquellos que tengan menos de 10 viviendas, podrán obtener un 90% de bonificación de las rentas del alquiler generadas en el caso de que bajen los precios un 5%. Se reduce la bonificación actual del 60% al 50%, pudiendo llegar al 70% si se alquila a jóvenes entre 18 y 35 años o si se trata de un nuevo contrato con mejoras o rehabilitación.
- Impuestos para las viviendas vacías
Los Ayuntamientos podrán aumentar la tasa del IBI hasta el 150% a aquellos propietarios con más de cuatro viviendas vacías en el mismo municipio durante más de dos años
- Regulación de precios para los grandes tenedores
Aquellas personas físicas o jurídicas propietarias de más de 10 viviendas o de una superficie construida de más de 1.500 m2 deberán fijar los precios del alquiler en función de unos índices de referencia de la zona donde se encuentren, limitando el alquiler al precio del contrato anterior.
Desde la aprobación de la ley se dará un plazo de 18 meses para la creación de este índice.
- Bonos de ayuda para los jóvenes
Se concederá un bono de 250 euros mensuales durante dos años para los jóvenes entre 18 y 35 años con rentas e ingresos inferiores a los 23.725€. Este bono estará limitado para viviendas con una renta máxima de 600 euros.
- Regulación de los desahucios
Para promover que los servicios sociales den una respuesta habitacional a aquellos hogares vulnerables, se mejorará la comunicación entre jueces y servicios sociales. Para dar tiempo a que se puedan resolver estas situaciones, se amplía de uno a dos meses el plazo de lanzamiento de los desahucios cuando el propietario de la vivienda es una persona física y de tres a cuatro meses cuando el propietario es una empresa.
- Definición de zona tensionada
Cada comunidad tendrá la capacidad de declarar las zonas tensionadas. El plazo de esta calificación será de tres años prorrogables año a año.
Una zona tensionada será aquella que tenga unos precios de alquiler que superen el 30% de los ingresos medios de los habitantes de esa zona.
- Creación de un fondo social de vivienda
Se apostará por la creación de un parque público de viviendas.
- Imposibilidad de cambiar la calificación de vivienda pública
Se establece la calificación indefinida de la vivienda protegida garantizando siempre un periodo de treinta años. Se fijan a nivel estatal unas condiciones básicas, definiendo un régimen de protección pública permanente de las viviendas protegidas que se promuevan sobre suelo calificado de reserva. En el resto de los supuestos, se fija un plazo mínimo de descalificación de 30 años.
Efectos de la Ley
- Creación de inseguridad jurídica entre los inversores promotores inmobiliarios
- Reducción de la oferta de viviendas en alquiler.
- Paralización de los proyectos en marcha de “Build to rent”
- Disminución de la inversión del pequeño propietario
- Traslado del alquiler a la venta de viviendas de propietarios que ven disminuir sus rentabilidades
Con una demanda al alza, esta disminución de los precios provocará tensiones en precios.
- Incremento de las operaciones de alquiler en dinero negro
- Deterioro de la calidad del parque de viviendas en alquiler al disminuir el mantenimiento de las viviendas.
- Mayores dificultades para conseguir vivienda en alquiler para los perfiles de los inquilinos menos solventes. La reducción de la oferta producirá un mayor número de candidatos para cada vivienda y consecuentemente se producirá una selección natural, quedan excluidos aquellos candidatos con una solvencia menor.
- Desplazamiento de la inversión inmobiliaria a las comunidades que no apliquen la ley
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